Acción de empresa Odebrecht “golpeó duro” al sector constructor local

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SANTO DOMINGO. Durante los 14 años que ha operado en el país, la empresa Odebrecht logró contratos para la ejecución de obras por valor de unos US$6,000 millones, concentrando la mayoría de los megaproyectos realizados por el Estado dominicano.

Para tener una idea de la magnitud de la referida cifra en las finanzas del Estado, vale señalar que del 2001 al 2014 el Ministerio de Obras Públicas manejó un presupuesto aproximado de unos RD$233,658 millones que, al cambiarlo a la tasa actual del dólar (47.5), equivalen a US$4,919 millones.

En la adjudicación de las obras, muchas mediante licitación, quedaron marginadas reconocidas empresas dominicanas con trayectoria en el campo de la construcción de infraestructura, sobre todo vial. Otras debieron unirse en consorcio con la multinacional brasileña para poder probar un bocado del pastel de las obras estatales.

Al impacto que tiene la hegemonía de Odebrecht en los constructores nacionales se refiere el presidente de la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon), ingeniero Cristian Ciccone.

“Se trata de unos 6,000 millones de dólares que perdió el sector constructor local, dejando mucha frustración en el orden empresarial y profesional”.

Recuerda que, desde antes de que iniciaran las investigaciones en Brasil respecto a las prácticas irregulares de Odebrecht, que admitió pagar sobornos para conseguir contratos, constructores dominicanos se reunieron con varios funcionarios para expresarles su preocupación, debido a que los trabajos de infraestructura se estaban concentrando en empresas extranjeras.

“Las respuestas que obtuvimos de esos funcionarios fueron que esas empresas venían con el financiamiento debajo del brazo. Insistimos, pero la situación se mantuvo”, se queja.

Ciccone señala que si los constructores pudieron mitigar la exclusión en las obras estatales, fue por el auge de la inversión privada, sobre todo en el sector habitacional.

Desde el 2001, cuando firmó el primer contrato en el país para la ejecución del acueducto de la Línea Noroeste, a Odebrecht se le adjudicaron 17 proyectos, de los que el menos costoso fue la carretera Casabito-Constanza, por US$74.6 millones. El más caro, todavía en ejecución, es la central termoeléctrica de Punta Catalina, por unos US$2,000 millones.

La empresa admitió que pagó US$92 en sobornos en el país para conseguir sus contratos.

“Odebrecht le quitó la oportunidad a muchas empresas, sobre todo a las pequeñas, que no pudieron tener acceso a las obras”, se queja el ingeniero y catedrático Héctor Bretón.

Rememora que en los años 90, en el país surgió una considerable cantidad de contratistas que ganaron experiencia en la construcción de grandes carreteras. “Esas empresas tenían la capacidad para hacer las obras”, dice.

Durante los gobiernos del extinto líder reformista Joaquín Balaguer, los constructores dominicanos tuvieron gran participación en las obras estatales.

El ingeniero y pasado presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), José Espinosa, recuerda que la práctica del grado a grado permitía que los funcionarios señalaran directamente a los contratistas y, por ende, había más oportunidad.

Una de las grandes obras de Balaguer fue la construcción de la Autopista Duarte, dada por tramos a contratistas, entre los que se destacan Méndez Cabral, Salvador Campusano y Mera Muñoz y Fondeur.

Durante el primer gobierno del expresidente Leonel Fernández se construyeron los túneles de la 27 de Febrero, cuya construcción y diseño estuvieron a cargo de la empresa Conde y Asociados.

Los peatonales de la avenida Máximo Gómez, construidos en el gobierno de Hipólito Mejía, fueron obra de la empresa Pinsa y el ingeniero Ramón Gómez.

En el segundo período de gobierno de Fernández 2004-2008 y 2008-2012, se construyó la carretera San Cristóbal- Baní, a cargo de las empresas J.M S.A., Malespín S.A. y Grupo Modesto. También se construyó el puente sobre el río Soco, a cargo del ingeniero Marcos Jorge.

El arquitecto Reginald García Muñoz trabajó en el diseño de la mayoría de las referidas obras y en varias de las construidas por Odebrecht. Reconoce que la presencia de la constructora brasileña afectó seriamente a los constructores locales, pero entiende que en el país, en materia de construcción de puentes y carreteras, hay un antes y un después de Odebrecht.

“La terminación de sus obras es muy acabada, muy bien hecha”, dice.

Transparencia y competencia
Tanto Bretón como Ciccone esperan que la situación mejore para los constructores tras las investigaciones iniciadas en el país por los sobornos de Odebrecht

“Tenemos la esperanza de que todo cambie para bien, siempre que se resuelva el problema de financiamiento para las obras y que los financistas tradicionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM), que tienen requisitos muy fuertes y dilatorios, se mejoren para que los financiamientos sean más rápido y fácil”, expresa Ciccone.

“Entiendo que a partir de ahora, el caso Odebrecht es punto de inflexión, que habrá más transparencia en los concursos y los funcionarios serán más cuidadosos a la hora de hacer sus licitaciones”, dice Bretón.

Pedidos de inhabilitación y de investigar sobrevaluación
Además del pago de los sobornos, las obras de Odebrecht deberán ser objeto de una auditoría que le solicitó la Procuraduría General de la República a la Cámara de Cuentas para determinar si fueron sobrevaluadas.

En Brasil, donde varios ejecutivos del Grupo Odebrecht han sido condenados o guardan prisión preventiva por las investigaciones de la corrupción político empresarial conocida como Lava Jato, que incluyen el pago de sobornos y financiamiento de campañas políticas en varios países latinoamericanos de parte de la empresa, se admitió que hubo sobrevaluación.

Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, uno de los exdirectivos de la División de Operaciones Estructuradas, desde la cual Odebrecht pagaba sus sobornos, declaró ante la justicia de Brasil que la empresa obtenía recursos para pagar “coimas” con una “tasa” de 22% que debitaba de las obras.

En el país, todos los contratos firmados con Odebrecht contienen adendas en más de una ocasión, incrementando hasta en más del doble el monto inicial.

Las modificaciones y la admisión de soborno, ha llevado a sectores, como el colectivo Marcha Verde, que reclama el fin de la impunidad, a demandar la salida de Odebrecht del país. Así lo reiteraron el pasado 21 de junio frente a las oficinas de la empresa, donde pidieron la cancelación de todos sus contratos e investigar la sobrevaluación de las obras.

En febrero pasado, representantes de partidos de oposición pidieron ante la Dirección de General de Contrataciones Públicas la cancelación de los contratos con la empresa y la inhabilitación definitiva de su registro como proveedora del Estado, pero todavía no se ha producido una respuesta en ese sentido.

Aunque la Procuraduría General de la República inició una investigación por el caso de los sobornos que pagó Odebrecht, hecho por el que unas 14 personas, entre exfuncionarios y legisladores, han sido sometidos a la justicia, 13 de ellos con medidas de coerción, la investigación no toca, aún, la posible sobrevaluación de la obras.

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